Secretaría de Bienestar

Gobierno del Estado de México

Antecedentes

 


Con el propósito de generar programas y acciones tendientes a dirigir los esfuerzos para abatir los rezagos sociales e instrumentar una eficaz y amplia política social que promoviera y articulara el desarrollo regional sustentable, por Acuerdo del Ejecutivo Estatal, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 3 de diciembre de 1999, se creó la Coordinación General de Desarrollo Social, como una unidad administrativa que tenía por objeto, entre otros, coadyuvar con las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, en la política de desarrollo social que dictara el titular del Ejecutivo Estatal.

No obstante, los esfuerzos emprendidos en este rubro, hizo indispensable fortalecer al órgano administrativo encargado de llevar a cabo estas funciones, para que a través de una nueva dependencia del Ejecutivo, se integraran las políticas y programas encaminados a la atención de la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.


En este contexto, el 13 de diciembre de 2001, mediante el Decreto Número 42 publicado en la “Gaceta del Gobierno”, se realizaron adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, para crear a la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad, como la dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social, desarrollo regional e infraestructura para el desarrollo, así como vincular las prioridades, estrategias y recursos para elevar el nivel de vida de la población más desprotegida en el Estado.


La estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social se ha venido fortaleciendo con la creación de diferentes unidades administrativas de acuerdo con las características y necesidades específicas de cada región de la entidad, lo que ha permitido instrumentar mecanismos de vinculación y participación de los sectores de la sociedad en el desarrollo social y de establecer un sistema de información encaminado a la oportuna toma de decisiones y a la evaluación de los programas sociales